Más de una treintena de representantes de empresas han participado en el Webinar sobre “Facturación Electrónica” promovido por ACUTEL y ATELAN. Este Webinar ha estado a cargo de Ana María Feria Plaza, asociada senior del despacho Montero Aramburu.
Este despacho con más de 50 años de trayectoria se fundó en Sevilla, especializándose en sus inicios de manera exclusiva en materia tributaria, para realizar a partir de la década de los 90 un proceso de diversificación que le ha llevado a convertirse en el despacio multidisciplinar que es hoy en día.
Una firma que se ha ganado un amplio y sólido prestigio, logrando un reconocimiento como despacho de referencia con sede en varias capitales andaluzas y también Madrid. Cuenta con más de 150 profesionales, entre abogados y economistas, de los cuales 17 ostentan la cualidad de socios. En este último circulo se sitúa Ana Maria Feria Plaza quien de manera didáctica ha acercado a los participantes a los pormenores de la Ley 18/2022 de 28 de septiembre sobre creación y crecimiento de empresas, con todos los detalles relacionados a la facturación electrónica obligatoria.
Ana María Feria ha disertado sobre la norma que regula los requisitos y características de los sistemas y programas informáticos que se encargan de gestionar los procesos de facturación electrónica, que se espera entre en vigor en julio de 2025.
Finalizada su intervención los participantes han preguntado sobre los costes de las facturas electrónicas que negó vayan a existir como sí ocurre en otros países, sobre las diferencias de las facturas estructuradas y no estructuradas, así como también por la manera en la que coexistirán las facturas electrónicas entre empresas y las que éstas expidan a clientes que no será obligatorio por el momento ese formato electrónico.
La Ley 18/2022 de 28 de septiembre persigue principalmente controlar la morosidad entre empresas, uno de los factores que dificultan el crecimiento de las empresas. Esta normativa viene a ofrecer una nueva regulación en la factura electrónica entre empresas y profesionales. Entre sus ventajas está una mejora en los plazos de pago a proveedores. La mayor certidumbre de los plazos debe permitir a las empresas de menor dimensión y a los autónomos hacer un uso óptimo de su liquidez, reducir el capital circulante necesario para la actividad y liberar recursos para una posible inversión o contratación de personal.